15 Octubre 2010
REGISTRO GRADUAL PARA LOS ANIMALES EDITORIAL DE EL NUEVO DÍA
El Proyecto del Senado 1811 que crearía un Código de Bienestar Animal, y que enmienda otras leyes relacionadas con la vida silvestre, la caza y la pesca en Puerto Rico, tiene que ser objeto de un profundo debate en que se escuchen todos los argumentos y se valoren sus repercusiones.
El Proyecto del Senado 1811 que crearía un Código de Bienestar Animal, y que enmienda otras leyes relacionadas con la vida silvestre, la caza y la pesca en Puerto Rico, tiene que ser objeto de un profundo debate en que se escuchen todos los argumentos y se valoren sus repercusiones. Han abundado en estos meses los proyectos de ley redactados a la carrera, sin poner en contexto la situación del País y sin profundizar en sus posibles consecuencias. Es el caso de este proyecto, que trata de regular todas las cuestiones que tienen que ver con los animales, ya sean de compañía, de servicio, agrícolas o exóticos, al igual que otras actividades como la caza y la pesca.
No dudamos de la buena intención de este proyecto, en especial porque el maltrato y abandono de animales es un gravísimo problema que empeora el deterioro de la sociedad. Sin embargo, como venimos planteando constantemente, antes de aprobar una ley de esa naturaleza hay que hacer una valoración realista de nuestras metas y posibilidades.
En concreto, Puerto Rico necesitaría contar con un registro de animales como los que existen en algunos países desarrollados. Es la meta que debemos perseguir: que la población de perros y gatos, que es la mayoritaria, las aves y hasta los caballos, sean parte de una política de control que garantice su salud y protección.
Pero para que pueda ajustarse eventualmente a esos parámetros y previamente a la entrada en vigor de un registro con todas las de la ley, Puerto Rico tendría que acometer una intensa campaña de esterilización y vacunación masiva, gratuita o a bajo costo, así como un coordinado y civilizado recogido de mascotas y animales abandonados por sus dueños o realengos y que deambulan por las calles.
De hecho, ante la situación socioeconómica del País y en respuesta al eventual anuncio de un registro, miles de personas optarían por prescindir de sus mascotas de forma inadecuada. Tendríamos entonces en las calles el triple de abandonos que tenemos hoy. Eso demuestra más la necesidad de una ofensiva como la que proponemos, como transición al registro.
Ya con ese registro formalizado y una vez el animal entra al sistema de datos, se exigirá evidencia de vacunación anual y se podrían activar mecanismos de seguimiento y fiscalización. Pero pretender aplicar a rajatabla una ley que conlleva multas y penalidades, provocaría irónicamente más sufrimiento y maltrato del que se pretende evitar.
En la actualidad, ningún municipio mantiene una política activa y consistente de control de animales realengos. Si mal están las ciudades, llenas de perros y gatos abandonados y enfermos, peor están las zonas rurales. Por eso se hace imprescindible, también, una gran campaña educativa.
El registro debiera asimismo contemplar el servicio gratuito o a bajo costo de esterilización, si así lo solicita voluntariamente el propietario de una mascota.
Por último, y de acuerdo a la propuesta, todas las funciones de registro de animales, licencias, recogido callejero, vigilancia, rondas y aplicación de la ley recaería sobre el Departamento de Recursos Naturales. La pregunta es, ¿estamos ante un mecanismo realista ante la situación que enfrenta ese departamento? Y, por otro lado, ¿cuánto personal adicional requerirá este plan y de qué presupuesto se estaría hablando?
Tenemos que avanzar como sociedad y proteger a los animales mediante una política pública que cumpla su función sin representar una carga económica onerosa para los ciudadanos y amparada en una ley que, además de unificar toda la legislación existente sobre esa materia, tenga una aplicación gradual, y en ningún modo abusiva.
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